El gobierno de la provincia de Buenos Aires y las empresas distribuidoras de electricidad presentaron recursos de apelación contra la medida cautelar que frenó la aplicación de las nuevas subas autorizadas para el servicio. El Ministerio de Infraestructura y las compañías pretenden dejar sin efecto el fallo que suspendió los aumentos.
Desde la administración provincial argumentan que el congelamiento de las tarifas compromete el mantenimiento de la red de distribución en un momento crítico del año. Las empresas, por su parte, sostienen que necesitan recomponer sus ingresos para sostener la operación del servicio.
Qué pasa con la factura
Salvo que la Cámara de Apelaciones otorgue efecto suspensivo a la presentación, la cautelar continúa vigente: las distribuidoras no pueden refacturar las subas suspendidas y los usuarios siguen pagando el cuadro tarifario anterior.
Si la Justicia termina a favor de la Provincia y de las empresas, las compañías quedarían habilitadas a reclamar las diferencias no cobradas durante los meses en que estuvo vigente el freno judicial. Ese escenario podría traducirse en liquidaciones retroactivas o cuotas compensatorias en las facturas futuras.
En paralelo, el Estado provincial enfrenta un dilema presupuestario: si las tarifas se mantienen congeladas y no alcanzan a cubrir los costos, debe volcar subsidios directos a las distribuidoras para evitar el deterioro del suministro en el conurbano.
