La renovación de la concesión del transporte de colectivos en Moreno abrió esta semana un nuevo frente de conflicto entre la gestión de Mariel Fernández y el sector: la UTA y las empresas prestadoras rechazan el pliego con el que el municipio quiere reordenar el servicio, en un proceso que ya contemplaba la apertura de sobres para avanzar con la adjudicación.
Un servicio que se reparte en tres zonas
El punto de partida es una concesión que está vencida desde 2016 y que hoy concentra en la empresa Transportes La Perlita, el operador histórico del distrito. El proyecto impulsado por la intendencia, aprobado por el Concejo Deliberante, divide el territorio en tres zonas con concesiones de diez años y permite que cada postulante se quede como máximo con una sola área, lo que en la práctica termina con el monopolio y busca dar cobertura a unos 125 barrios que hoy no reciben un servicio suficiente. El esquema prevé 267 colectivos en total, contra los 243 que financia la Provincia, y apunta a que el nuevo sistema entre en vigencia en enero de 2027.
Gremio y empresas en contra del pliego
El gremio que conduce Roberto Fernández cuestiona que el pliego no garantice de forma explícita la continuidad de los cerca de 800 choferes y empleados de La Perlita, y advierte que la transición no puede dejar el empleo y la antigüedad de los trabajadores sujetos a la decisión de los futuros adjudicatarios. Desde el municipio estiman que serían unos 755 trabajadores los que pasen a las nuevas operadoras, lo que dejaría afuera a alrededor de medio centenar de empleados temporales. A ese reclamo se sumó la Cámara de Transporte de la Provincia, que movilizó unidades frente al edificio comunal y entregó un petitorio: el sector califica al pliego de "bastante pretencioso" y advierte que los costos no están reconocidos, en particular la exigencia de renovar el cien por ciento de la flota en dos años, en contra de la decisión provincial de extender a trece años la vida útil de los colectivos.
Qué le importa al vecino
El proyecto promete unidades nuevas equipadas con cámaras de seguridad, geolocalización y rampas de accesibilidad, con monitoreo en tiempo real por parte del municipio, lo que a mediano plazo apunta a recorridos más directos entre los barrios y los centros educativos, productivos y de salud. Pero mientras no se destrabe el capítulo laboral, el riesgo que marcan tanto el sindicato como las empresas es un escenario de conflictividad que, de traducirse en medidas de fuerza, terminaría golpeando directamente a los usuarios. Para seguir el estado del tema y otras novedades de la zona, consultá la sección de servicios.
