La Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó al intendente de Morón, Lucas Ghi, información sobre la publicación de decretos, resoluciones y ordenanzas en el Boletín Oficial municipal. El pedido ingresó el 23 de octubre y fija un plazo de cinco días para que el gobierno local conteste.

La actuación se centra en el acceso de los vecinos al contenido completo de las decisiones administrativas. El requerimiento plantea que distintas publicaciones remiten a anexos que deben pedirse en la Dirección de Asuntos Técnicos, en lugar de incorporarlos junto con el acto al que pertenecen.

Qué documentación abarca el planteo

Entre los ejemplos enumerados aparecen el presupuesto de 2026, la reglamentación del programa municipal de prevención y protección comunitaria y el plan de regularización de construcciones no declaradas. También se mencionan las resoluciones sobre los cuadros tarifarios de los tributos municipales.

Otro punto cuestionado es la difusión de decretos en versiones resumidas. El pedido describe publicaciones que incluyen solo la parte resolutiva, sin todos sus fundamentos, antecedentes administrativos, firmas y refrendos. La revisión comprende tanto la presencia de los anexos como la forma de presentar las decisiones del Ejecutivo.

El alcance de la intervención

El secretario de Atención, Orientación al Ciudadano y Desarrollo Territorial de la Defensoría, Federico Santarelli, suscribe la solicitud. La nota invoca la Ley Orgánica de las Municipalidades y una ordenanza de Morón que exige publicar íntegramente los decretos y sus anexos. También vincula ese acceso con el derecho a la información reconocido en la Constitución provincial.

El caso tiene como antecedente la presentación del exconcejal de Morón, Francisco Mones Ruiz, ante el Tribunal de Cuentas bonaerense por el acceso al Boletín Oficial. La actuación de la Defensoría incorpora un requerimiento formal de información: no anuncia una sanción contra las autoridades municipales ni resuelve por sí sola los señalamientos del reclamo.