En el centro de Ituzaingó y en el polo gastronómico de Parque Leloir, la escena se repite: filas de motos y bicicletas con mochilas de reparto esperando el aviso del celular. Lo que hace tres años era una promesa de ingreso extra se convirtió en el principal refugio laboral de miles de vecinos y, al mismo tiempo, en un esquema cada vez más difícil de sostener. El trabajo en aplicaciones en Ituzaingó pasó de unos 3.000 trabajadores a fines de 2023 a más de 5.000 en la actualidad, según estimaciones del sector: la sobreoferta de repartidores y choferes de PedidosYa, Rappi, Uber y Cabify terminó por licuar el valor de cada viaje y de cada entrega.
La saturación que licuó los ingresos
El salto en la cantidad de trabajadores no vino acompañado de más demanda. Desde fines de 2023, la recesión y la pérdida de poder adquisitivo empujaron a miles de personas del conurbano hacia las plataformas, que funcionaron como un empleo refugio ante la caída de la industria y la construcción. Con más oferta que pedidos, las empresas eliminaron las tarifas dinámicas y redujeron el valor real de cada tarea.
Las cuentas del reparto ilustran el problema: para cubrir una canasta básica, un joven de Ituzaingó necesita realizar unos 450 pedidos por mes. Eso implica completar 18 entregas diarias, para lo cual debe permanecer conectado más de 12 horas al día, los siete días de la semana. En el transporte de pasajeros la situación es similar. Marcelo, vecino de San Alberto y chofer de Cabify, resume el drama: "Antes, con lo que sacabas el fin de semana, cubrías el seguro, la patente y te quedaba la semana libre de gastos. Hoy, si se te rompe el tren delantero en los pozos de las calles internas de Ituzaingó Norte, tenés que endeudarte". El viaje a la ciudad se paga igual que hace seis meses, pero los repuestos subieron un 150%.
La precarización que termina en los hospitales públicos
La falta de cobertura de estos trabajadores no es solo un problema individual. Cuando un repartidor o chofer sufre un accidente en la calle, los costos de la atención recaen en el sistema público de salud del conurbano, que absorbe la siniestralidad de quienes operan sin seguro ni aportes.
Frente a ese escenario, crece la discusión sobre cómo regular la actividad sin prohibirla. El modelo que impulsa Brasil propone crear la figura del "trabajador autónomo plataformizado", con un piso de derechos: tarifa mínima por hora que cubra combustible, desgaste y datos móviles; seguridad social compartida, con un aporte patronal del 20% y un 7,5% a cargo del trabajador; y reglas de transparencia para evitar suspensiones arbitrarias de las cuentas.
El proyecto de ley que impulsa la Provincia
El tablero institucional empezó a moverse. El 30 de junio de 2026, el gobierno de Axel Kicillof presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto bautizado "La Provincia, en defensa de las trabajadoras y los trabajadores de aplicaciones", impulsado por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa. La iniciativa apunta a los puntos más vulnerables de una actividad en la que, solo en el AMBA, operan cerca de medio millón de personas.
Entre sus ejes: infraestructura básica en las dark stores, con sanitarios, agua potable, espacios de descanso y puntos de carga; transparencia algorítmica para blanquear cómo se organiza el trabajo y se fija el valor de cada tarea; seguros contra accidentes y cobertura médica obligatoria, junto con una aplicación estatal con botón de emergencia; y microcréditos del Banco Provincia para reparar o reponer motos, bicicletas y cascos.
La iniciativa se apoya en el "Fallo Rappi" de la Suprema Corte bonaerense, que ratificó la potestad provincial para fiscalizar a las plataformas y reafirmó el principio de primacía de la realidad: más allá del nombre del contrato, existe una relación laboral que debe regularse. Mientras el debate avanza, en las calles de Ituzaingó la economía de plataformas sigue funcionando con la ley del más fuerte.
